El Derecho surge como un medio efectivo para regular la conducta del hombre en sociedad. Pero la sociedad no es la misma en cada uno de los lugares del planeta ni es la misma en cada momento de la historia. La sociedad evoluciona y  cambia, la ciencia y de la tecnología avanza con varios cambios trascendentales.

El Derecho regula la conducta y los fenómenos sociales a través de leyes. El proceso de creación e inserción de éstas leyes a la vida de una comunidad jurídica determinada (en el caso de México: municipio, estado, país) es largo y lento, sobre todo en el Sistema Jurídico Latino.

En las siguientes líneas se da un panorama general sobre la situación actual de la legislación informática en México; para hacerlo de una manera ordenada, enunciemos los tópicos más importantes que ameritan una regulación especial, para analizar el caso de cada uno de ellos:

Ø      Delitos informáticos

Ø      Firma digital/electrónica y contratos electrónicos.

Ø      Correo electrónico (privacidad, spam).

Ø      Protección a bases de datos.

Ø      Cómputo forense (evidencias electrónicas).

Ø      Protección de propiedad intelectual.

Ø      Regulación de contenidos en Internet.

Sin embargo, antes de empezar nuestro análisis, es conveniente dejar en claro ciertas características de nuestro sistema jurídico que son vitales para comprender si la legislación que existe hasta el momento resulta eficaz y adecuada.

De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somos una República democrática, representativa y federal, compuesta de Estados libres y soberanos por lo que se refiere a su régimen interior, pero unidos en un pacto federal.

El Poder legislativo, se deposita en un Congreso Federal, el cual tiene facultades exclusivas para legislar sobre: hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, derecho marítimo, ciudadanía, migración, vías generales de comunicación, correos, aguas, moneda, delitos federales, coordinación en materia de seguridad pública, fiscalización superior de la federación, leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 Constitucional, entre otras.